El informe «La Justicia Española frente al Abuso Sexual Infantil en el Entorno Familiar» de Save the Children es un análisis exhaustivo de casos de abuso sexual infantil a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Este documento, coordinado por Yolanda Román y elaborado por un equipo de investigadoras, tiene como objetivo evaluar la tutela judicial del derecho de los niños y niñas a ser protegidos contra el abuso sexual en el entorno familiar, analizar el principio del «interés superior del niño» en estos procesos, y valorar la actuación del Ministerio Fiscal en la investigación y protección de las víctimas.
Detección
La detección del abuso sexual infantil en el entorno familiar enfrenta varios desafíos. En primer lugar, la cercanía y el control que el abusador tiene sobre la víctima dificultan que los niños puedan expresar o denunciar lo que están viviendo. Los menores, especialmente los más pequeños, a menudo no tienen el lenguaje ni la comprensión necesarios para describir el abuso, y pueden no reconocerlo como tal debido a la manipulación emocional y psicológica que el abusador ejerce sobre ellos. Además, el miedo a no ser creídos o a sufrir represalias puede silenciar a los niños, perpetuando el ciclo de abuso.
El entorno familiar también juega un papel significativo en la ocultación del abuso. Los abusadores suelen ser personas en quienes los niños confían y a quienes dependen emocional y económicamente. Esta relación de dependencia hace que los menores se sientan atrapados y sin alternativas para buscar ayuda. En muchos casos, otros miembros de la familia pueden ser conscientes del abuso pero eligen no actuar debido al miedo, la vergüenza o el deseo de mantener la unidad familiar. Este silencio y la falta de intervención protegen al abusador y perpetúan el abuso.
Las instituciones encargadas de la protección de los menores, como el sistema de justicia, servicios sociales y de salud, también enfrentan dificultades para detectar y abordar el abuso sexual infantil en el entorno familiar. La falta de formación específica para identificar signos de abuso y la tendencia a minimizar o desestimar las denuncias cuando los abusos ocurren dentro de la familia, contribuyen a la invisibilidad de este problema. Es crucial que los profesionales reciban capacitación adecuada y que las instituciones desarrollen protocolos específicos para actuar de manera diligente y eficaz ante cualquier indicio de abuso.
Obstáculos iniciales
El informe identifica tres barreras iniciales que dificultan el acceso a la justicia y la protección adecuada para las víctimas de abuso sexual infantil en el entorno familiar: la edad de las víctimas, el contexto familiar y la identidad del denunciado.
- Edad de las víctimas: Los niños pequeños, debido a su vulnerabilidad y dependencia, son particularmente susceptibles al abuso sexual. Sin embargo, su edad también puede ser una barrera para ser creídos y para la obtención de pruebas. Los operadores judiciales a menudo desestiman el testimonio de los menores debido a su corta edad, lo que conduce a la falta de diligencia en la protección y a la dificultad de conseguir justicia.
- Contexto familiar: La mayoría de los abusos sexuales contra menores ocurren en el entorno familiar, un factor que puede complicar la credibilidad de las denuncias. En situaciones de crisis matrimonial, existe una presunción de que las denuncias de abuso pueden ser manipulaciones para obtener ventajas en disputas de custodia. Esta presunción puede afectar la diligencia de los operadores judiciales y, en consecuencia, la protección de los menores.
- Identidad del denunciado: Cuando el denunciado es un progenitor, especialmente en contextos de separación o divorcio, la credibilidad del testimonio de los menores y de sus madres puede verse afectada. A pesar de las pruebas médicas y psicológicas que puedan existir, la sospecha de denuncias instrumentales puede llevar al archivo de las causas sin una investigación exhaustiva.
Estas barreras subrayan la necesidad de una mayor formación y especialización de los profesionales involucrados para asegurar que los derechos de los niños sean protegidos de manera efectiva y sin prejuicios.
Proceso Judicial y revictimización
El proceso judicial en casos de abuso sexual infantil en el entorno familiar presenta varias problemáticas significativas que pueden llevar a la revictimización de los menores. Un aspecto crucial es la obtención del testimonio de niños y niñas, especialmente los menores de seis años, cuyo testimonio debe ser recolectado con la asistencia de especialistas en un entorno adecuado. Esto es fundamental para evitar que el menor sea entrevistado repetidamente, lo cual puede causar efectos traumáticos y complicar su recuperación psicológica.
El informe destaca que una instrucción judicial deficiente, que no investiga diligentemente desde los primeros indicios, provoca una multiplicidad de exámenes que revictimizan a los menores. En varios casos, los juzgados han reprochado a las madres por esta continua exposición de sus hijos a diferentes pruebas, acusándolas de ser responsables de la revictimización. Sin embargo, esto está más relacionado con la falta de diligencia inicial por parte de los juzgados.
Además, el no ser creído tiene un efecto dañino significativo en los menores. La falta de credibilidad percibida en sus testimonios durante las exploraciones judiciales puede impactar negativamente en su bienestar emocional y psicológico. El reconocimiento de lo vivido y sentirse creído es un factor decisivo en la recuperación de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. El apoyo parental y el entorno de credibilidad juegan un papel fundamental en este proceso.
El informe subraya la importancia de adoptar medidas adecuadas para proteger a los niños durante los procedimientos judiciales, evitando cualquier forma de intimidación, represalias y victimización secundaria. Las normas internacionales recomiendan la implementación de medidas preventivas especiales cuando el perpetrador es un miembro de la familia, asegurando así que los niños sean protegidos de manera efectiva durante todo el proceso judicial.
Falta de diligencia
El informe destaca la falta de diligencia como un problema significativo en la investigación y protección de los casos de abuso sexual infantil en el entorno familiar. A pesar de la gravedad del delito y la vulnerabilidad de las víctimas, las actuaciones judiciales frecuentemente muestran déficits importantes en la investigación de oficio. Los jueces a menudo limitan las diligencias investigativas a exámenes psicológicos de la víctima y del progenitor denunciante, sin realizar una exploración exhaustiva de todas las pruebas y circunstancias.
Un caso ilustrativo de esta falta de diligencia es el de una niña de 17 meses que presentó hematomas y dermatitis vaginal tras una visita con su padre. A pesar de las evidencias médicas que sugerían maltrato o abuso sexual, la solicitud de la madre de una orden de protección fue denegada y el caso fue archivado sin realizar más pruebas.
Además, se observa una tendencia preocupante a someter a las madres a un mayor número de exámenes psicológicos y entrevistas clínicas en comparación con los padres denunciados. Esta práctica no solo es injusta, sino que también refleja un sesgo en la investigación que podría favorecer la impunidad de los agresores y desincentivar la denuncia por parte de las madres preocupadas por la seguridad de sus hijos.
El informe también destaca la falta de contextualización adecuada en los informes periciales. En varios casos, los informes sanitarios que incluyen síntomas de abuso, como ansiedad, problemas de sueño, somatizaciones y fisuras anales, no son considerados en conjunto, lo que puede llevar a conclusiones erróneas sobre la naturaleza del maltrato. Esta omisión puede resultar en la revictimización de las madres y en la desprotección de los niños.
El rol del Ministerio Fiscal en estos casos también es criticado por su pasividad en el impulso de los procedimientos y en la propuesta de pruebas. La Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado establece la necesidad de priorizar las investigaciones de presuntos abusos sexuales con la mayor calidad posible. Sin embargo, en los casos analizados, los fiscales no han actuado conforme a estas directrices, lo que ha llevado al sobreseimiento provisional de las causas sin una investigación adecuada.
Impacto en los derechos de los niños
La falta de una investigación adecuada en casos de abuso sexual infantil tiene un impacto significativo en los derechos y el bienestar de los niños afectados. El informe resalta que la omisión de diligencia en la protección e investigación perpetúa la vulnerabilidad de los menores y socava su recuperación emocional y psicológica.
Recuperación Emocional y Psicológica
Uno de los efectos más perjudiciales de la falta de investigación es el retraso en la recuperación emocional de los niños. La resolución del caso es un factor crucial para su bienestar, y la prolongación de los procesos judiciales aumenta su estrés y trauma. Los menores necesitan que sus experiencias sean reconocidas y validadas para avanzar en su proceso de sanación.
Repetición de Abusos
El sobreseimiento provisional de los casos no solo frustra la justicia para las víctimas, sino que también puede ponerlos en riesgo de sufrir abusos repetidos. En varios casos analizados, los denunciados solicitaron un régimen de visitas más amplio o incluso la custodia de los menores, lo cual podría obligar a las víctimas a mantener contacto directo con sus presuntos agresores, exacerbando su vulnerabilidad y dificultando su recuperación.
Derechos a la Protección y Justicia
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para la recuperación física y psicológica de los niños víctimas de abuso. Sin embargo, la falta de una respuesta judicial adecuada en los casos analizados ha demostrado ser un obstáculo significativo para alcanzar esta meta. El incumplimiento de las normas de debida diligencia en la investigación y protección de los menores compromete gravemente sus derechos fundamentales.
Efectos en la Confianza y el Testimonio
La credibilidad del testimonio de los menores es fundamental para su recuperación. La falta de credibilidad percibida y la desestimación de sus relatos pueden causar un daño profundo, afectando su confianza en las autoridades y en el sistema judicial. Este descrédito institucional puede ser una traba adicional en su proceso de recuperación y en su bienestar general.
En conclusión, la falta de diligencia en la investigación y protección de los casos de abuso sexual infantil tiene graves repercusiones en los derechos de los niños, perpetuando su sufrimiento y comprometiendo su recuperación y protección efectiva. Es esencial que las instituciones judiciales adopten medidas más rigurosas y especializadas para garantizar una respuesta adecuada y protectora para los menores afectados.
