Violencia y militarización en Guerrero

Guerrero, uno de los estados más emblemáticos de México, ha sido escenario de una compleja interacción de factores que han propiciado un entorno de violencia y militarización con profundo impacto social en sus comunidades.

Guerrero: contexto histórico y geopolítico

Guerrero se ubica en el suroeste de México, siendo un estado con un papel crucial en la historia de la nación por su rica diversidad de recursos naturales y su papel en la producción de amapola. Este estado ha experimentado un desplazamiento de cultivos del Triángulo Dorado hacia la región de la Sierra, exacerbado por políticas de militarización contrainsurgente desde la década de 1970, las cuales han persistido bajo la premisa de combatir el narcotráfico. Esta continua militarización ha facilitado un escenario propicio para el surgimiento y la escalada de conflictos armados y violencia criminal, afectando profundamente a la población local.

Comunidades indígenas: resistencia y autonomía

En las regiones de la Costa Chica y la Montaña, se concentra una significativa cantidad de poblaciones indígenas, como los Mé`phàà, Naua, Na´savi y Amuzga, conocidas por su historia de resistencias frente a las imposiciones coloniales y asimilacionistas. Estas áreas han sido descritas como «zonas de refugio», término que denota espacios que resisten a ser integrados bajo las lógicas productivas y sociales del Estado. La rica historia de resistencia de estas comunidades proporciona un fondo crucial para entender su respuesta actual ante la violencia y el crimen organizado.

Chilapa: un epicentro de violencia

Chilapa se ha posicionado como uno de los municipios más violentos de México desde 2009, con una alarmante cantidad de expedientes iniciados por desapariciones, homicidios dolosos, secuestros, y hallazgos de fosas clandestinas. La realidad sugiere que estas cifras oficiales subestiman la verdadera extensión de la violencia y las desapariciones forzadas en la región. La prevalencia de la violencia en Chilapa y sus alrededores es indicativa de los complejos desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en su lucha por la seguridad y la justicia.

Los conflictos armados y violencia relacionada con el narcotráfico

Los pueblos originarios de Guerrero describen la transición hacia la actual fase de conflictos armados y violencia relacionada con el narcotráfico como una evolución compleja de violencias históricas, marcada por una continuidad en la represión estatal y el surgimiento de nuevas formas de criminalidad. Esta percepción se basa en su experiencia de resistencia a lo largo de generaciones frente a imposiciones externas, comenzando desde la colonización hasta las políticas de militarización y la actual guerra contra el narcotráfico.

La comunidad indígena ve esta transición como una extensión de las luchas y violencias pasadas, donde las prácticas contrainsurgentes del estado y la militarización han sido constantes. La expansión del cultivo de amapola y la presencia creciente del crimen organizado en la región son vistas como consecuencias directas de estas políticas estatales, las cuales han transformado dramáticamente el tejido social y económico de sus territorios. Los enfrentamientos armados, los secuestros, y las desapariciones forzadas son interpretados no solo como manifestaciones de violencia criminal, sino como la continuación de una larga historia de represión y negligencia por parte del estado.

Esta interpretación se fundamenta en la memoria colectiva de las comunidades, que traza paralelos entre las violencias actuales y las represiones del pasado, considerando ambas como partes de una misma lucha contra formas de imposición y control autoritario. En este contexto, las estrategias de resistencia adoptadas por las comunidades no solo buscan abordar las amenazas inmediatas del crimen organizado y la violencia, sino también reafirmar su autonomía y derecho a vivir de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de justicia comunitaria.

La transición hacia la violencia actual se narra, por lo tanto, como un capítulo más en su larga historia de resistencia, reflejando una profunda resiliencia y un compromiso continuo con la defensa de su territorio, cultura, y autonomía frente a fuerzas externas opresivas. Los pueblos originarios de Guerrero, a través de sus prácticas de resistencia y organización comunitaria, buscan no solo sobrevivir a la violencia extrema del presente, sino también preservar

«Estados de excepción»

En Guerrero, la presencia y acciones de actores estatales (como el ejército y la policía), paraestatales (grupos armados con vínculos no oficiales pero funcionales con el Estado), y criminales (organizaciones dedicadas al narcotráfico, secuestro, y otras economías ilícitas) se entrecruzan de manera que las operaciones de uno pueden ser indistinguibles de las del otro.

El concepto de «estado de excepción», acuñado por el teórico político Giorgio Agamben, se refiere a situaciones en las que el Estado suspende el orden jurídico normal bajo la pretensión de emergencias o amenazas a la seguridad nacional, lo que a menudo conlleva la violación de derechos humanos. En el caso de Guerrero, aunque no siempre se declare formalmente un estado de excepción, la práctica de acciones que se sitúan al margen o directamente en contra de la ley sugiere una suspensión de facto de la legalidad y un ejercicio del poder que ignora las normativas legales y éticas.

Respuestas comunitarias y la búsqueda de autonomía

Para las comunidades indígenas y rurales de Guerrero, este escenario tiene profundas implicaciones. La ambigüedad y la volatilidad de la situación dificultan la protección contra la violencia y la injusticia, ya que la falta de claridad sobre la legalidad y la autoridad socava la confianza en las instituciones diseñadas para proteger a los ciudadanos. Además, esta situación complica las respuestas comunitarias a la violencia, ya que las estrategias de resistencia y autodefensa deben navegar un paisaje en el que los aliados y enemigos no están claramente definidos y donde las acciones de defensa pueden ser criminalizadas.

En respuesta a esta realidad, muchas comunidades han optado por fortalecer o crear estructuras de autogobierno y seguridad comunitaria, como las policías comunitarias, que buscan llenar el vacío de seguridad y justicia dejado por el Estado. Sin embargo, estas iniciativas también se enfrentan al desafío de operar dentro de un marco que criminaliza sus esfuerzos o las coloca en conflicto directo con actores poderosos, tanto legales como ilegales.

El desdibujamiento de las fronteras entre legalidad e ilegalidad y la creación de «estados de excepción» en Guerrero reflejan una crisis profunda de gobernabilidad y legitimidad estatal. Las comunidades indígenas y rurales, atrapadas en medio de esta compleja dinámica, continúan buscando caminos hacia la paz, la seguridad, y la autonomía en circunstancias extraordinariamente desafiantes.

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